Abogada Yofys Díaz, quien lleva casos exclusivos de asilo para hondureños, recomienda que los solicitantes de asilo pidan asesoramiento legal antes de llegar a Estados Unidos. (Foto/JE)
Abogada Yofys Díaz, quien lleva casos exclusivos de asilo para hondureños, recomienda que los solicitantes de asilo pidan asesoramiento legal antes de llegar a Estados Unidos. (Foto/JE)

Edwin Cruz (16), joven hondureño que asiste a una escuela pública, es hábil para los trabajos manuales y sueña con ser mecánico de motores diesel. Los fines de semana ayuda a su tío en un restaurante e intenta ahorrar dinero para contratar un abogado que evite su deportación. El cruzó solo la frontera para escapar del constante acoso de los pandilleros y en enero de 2018 solicitó asilo, pero ignorando que requería un paquete de documentos que sustente su pedido.

Luego de permanecer varias semanas en un centro de detención de Arizona, pudo salir con la condición de que contrate un abogado y se presente en noviembre de 2018 ante una Corte de inmigración. Con la ayuda de algunas familias bondadosas pudo contar con el asesoramiento profesional requerido, pero ante la imposibilidad de conseguir las pruebas que justifiquen su pedido de asilo, su representante legal solicitó una ampliación por 90 días para conseguir los documentos.

Edwin necesita presentar al juez, por lo menos, un par de denuncias ante la policía hondureña de haber sido víctima de amenazas en el pasado, certificados médicos que demuestren que sufrió daño físico por parte de los pandilleros, demostrar que no cuenta con el apoyo moral de sus padres o familiares, testimonios escritos de amigos y familiares que corroboren su testimonio, amén de certificados policiales y judiciales de buena conducta.

Lo malo es que el joven no cuenta con dinero para realizar esos trámites desde Estados Unidos, ni tiene familiares en condiciones económicas que lo puedan apoyar desde Honduras.

Esta realidad no solo afecta al joven Edwin Cruz, sino a miles de centroamericanos que cruzaron de manera ilegal la frontera para solicitar asilo. Ante la falta de documentos para sustentar los casos, resulta fácil deducir que los pedidos serán rechazados y las órdenes de deportación serían inmediatas.   

Para la abogada Yofys Díaz, quien lleva casos exclusivos de asilo para hondureños para una reconocida firma legal, muchos de los inmigrantes centroamericanos que solicitan asilo ignoran los cambios recientes establecidos por las autoridades federales, que van desde restricciones para los puntos de acceso fronterizo hasta una moratoria de noventa días para presentar nuevas solicitudes (noviembre 2018 a enero 2019).

“Muchos solicitantes piensan que con la presentación del formulario I-589 es suficiente, pero no consideran que tienen que presentar una serie de documentos que prueben la necesidad de obtener asilo. Ahora los agentes federales en la frontera exigen documentos probatorios para recibir formalmente las solicitudes y en las cortes también se han puesto muy exigentes. Es lamentable ver que muchas personas llegan a la frontera con pasaportes vencidos o simplemente sin ningún documento, lo cual les cierra las posibilidades de su ‘sueño americano’”, comentó Díaz.

La abogada, al referirse al caso de Cruz, adelantó que es muy difícil que consiga todos los documentos probatorios solicitados por la Corte de inmigración y es casi seguro que cuando concluya el presente año escolar sea deportado. “Edwin no tiene los medios económicos y logísticos necesarios para conseguir, por ejemplo, las denuncias ante la policía hondureña de haber sido víctima de amenazas en el pasado o certificados médicos que demuestren que sufrió daño físico por parte de los pandilleros, ya que él nunca recurrió a la policía y menos se presentó ante un médico legista. La realidad en Honduras es muy distinta a la de Estados Unidos”.

Díaz, al igual que otros abogados que trabajan en casos hondureños, han solicitado oficialmente al gobierno de Honduras que realice gestiones especiales ante las autoridades estadounidenses para encontrar alternativas legales o diplomáticas que permitan continuar con los trámites de solicitud. “El panorama migratorio para los centroamericanos que quieran solicitar asilo está muy complicado y es recomendable informarse con un abogado antes de aventurarse a ingresar ilegalmente”.

Datos importantes

Según datos del gobierno federal, se estima que 234.534 personas fueron puestas en procesos de deportación tras cruzar la fron-tera en el 2018, de las cuales 171.511 fueron detenidas cuando lo hacían ilegalmente.

Un 41 por ciento del total, 97.192 alegaron que tenían miedo a volver a su país ante una posible persecución o bien pidieron directamente asilo, por lo que fueron entrevistados por un agente estadounidense para determinar si su solicitud de protección era veraz.

Hasta noviembre de 2018, se gestionaron 83.862 casos, de los que 74.574 (89%) fueron considerados como veraces por los agentes, y continuaron el proceso para que un juez resolviera la petición de protección.

Estados Unidos deportó en el 2017 a 198 menores hondureños, mientras que 4.474 retornaron de México, 58 fueron expulsados desde países centroamericanos, y otros seis de países de Europa y Suramérica, según cifras oficiales.

Pero grupos de activistas han denunciado que muchos de los demandantes de asilo llegados irregularmente a pie, han sido privados de libertad de forma indefinida durante meses tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.

El mandatario ha enviado además a más de 5.600 militares a la frontera sur, pero desde la celebración de los comicios legislativos de noviembre ha rebajado su retórica sobre la inmigración, más allá de reiterar que considera a la caravana una “invasión”.