Niños muestran carteles pidiendo a las autoridades federales que no deporten a sus padres indocumentados. (Foto/Jaclyn Lippelmann)
Niños muestran carteles pidiendo a las autoridades federales que no deporten a sus padres indocumentados. (Foto/Jaclyn Lippelmann)

Los momentos previos y posteriores a la ceremonia de naturalización despiertan inevitables recuerdos. En segundos, el peruano Javier W. Bustamante recordó que llegó a California en 1994, a los 12 años, y fue recibido por su padrino Román Revollar. También recordó la mañana que fue detenido por los agentes de  inmigración y luego cuando se le concedió una beca para seguir estudios en la Universidad Loyola Marymount.

Como todo inmigrante, se esforzó en adaptarse a su nuevo entorno social, aprendió a solucionar sus problemas, no dejó escapar ninguna oportunidad para educarse y comprobó que de la palabra de Dios emana la luz para caminar seguro por los difíciles senderos de la vida. En el 2009 obtuvo su residencia permanente y en el 2012 contrajo nupcias con la venezolana Roselyn.    

El día de su juramentación, en el auditorio principal de la Universidad George Mason de Virginia, Javier se encontraba acompañado de su esposa y sus hijos Hannah Sophia y Lucas Ignacio. Atrás quedaron los años de angustias e incertidumbres. Hoy lo está a cargo de la oficina de diversidad cultural de la Arquidiócesis de Washington y como directivo del equipo que trabaja para el próximo V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana que se realizará en septiembre de 2018 en la ciudad de Grapevine (Texas).

“Como hispano, el haber adoptado la nacionalidad estadounidense representa un triple compromiso: velar por el bienestar de mi familia, aportar lo mejor de mí en beneficio del país y servir como católico comprometido a mi comunidad. Hoy vivimos momentos muy difíciles, donde la unidad familiar es fundamental para superar los problemas que nos presenta la sociedad moderna”, dijo Bustamante.

También recordó con mucha emoción que debió esperar quince años para poder reencontrarse con sus padres Celedonio y Teodora, sus hermanos, primos y demás familiares. “La ausencia de la familia es lo más duro para cualquier inmigrante. El no poder abrazar a tus progenitores o conversar con tus amigos te causa una tristeza de proporciones increíbles. Me conmuevo cuando veo en las noticias historias de miles de de familias separadas por motivos migratorios”.

Bustamante señaló que ahora que es ciudadano, con derecho al voto, asume el compromiso –como lo pide el papa Francisco– de acompañar a los millones de migrantes que han peregrinando en búsqueda de nuevas oportunidades. “Entiendo lo que es vivir como indocumentado y la importancia de proteger la unidad familiar. La familia es el eje de toda sociedad y base de nuestra Iglesia”.

Quebrada unidad familiar

Para Royce Bernstein Murray, experto del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), es triste comprobar que las familias inmigrantes hoy corren el riesgo de ser separadas enviando a los adultos a centros de detención y poniendo a los menores bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS).

Indicó que la Asociación Americana de Pediatría (AAP)   recientemente recomendó que los menores indocumentados que son detenidos tras cruzar la frontera nunca deberían ser separados de sus padres.

“El problema concierne a madres y niños provenientes de Guatemala y El Salvador, principalmente, a quienes les niegan la entrada y para muchos de ellos el regreso a sus países puede representar un peligro para su vida o incluso la muerte”, apuntó Bernstein.

Según un análisis de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, actualmente hay más de 540 mil casos pendientes en las Cortes del sistema de inmigración y, de acuerdo con los recursos disponibles, la espera promedio para resolver cada caso es de aproximadamente dos años.

De acuerdo a las más recientes cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en marzo se detuvieron 16.600 inmigrantes indocumentados en la frontera con Mé-xico. Lo que representa un descenso del 64 por ciento si se compara con las 46.150 de marzo del 2016.

Las detenciones de unidades familiares también reportaron un considerable descenso, pues en marzo se registraron 1.125 detenciones, frente a las 3.124 de febrero y 9.300 de marzo del mismo mes de 2016.

Abogando por sus padres

Pero la defensa por preservar la unidad familiar no se limita al campo legal, legislativo o religioso, sino que tiene repercusiones directas en los estudiantes indocumentados amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), quienes públicamente vienen reclamando a la Casa Blanca más seguridad para sus familias que se sienten continuamente amenazadas con las deportaciones masivas.

"Nos prometieron que no iban a detener a estudiantes con DACA y no es lo que estamos viendo", dijo Estefanía Rodríguez, graduada indocumentada de la Universidad de Texas A&M y que actualmente trabaja para una organización de ayuda a los inmigrantes y refugiados, quien denunció que ya ha visto varios casos de alumnos que fueron "falsamente acusados" de tener antecedentes criminales, cuando en realidad "no tenían récord de nada".
Recordó que oficiales de migración arrestaron en Washington a un joven mexicano protegido por el programa DACA y con permiso de trabajo a mediados de febrero.

Este acuerdo, que permite permanecer en el país a unos 740 mil jóvenes indocumentados, entre ellos medio millón de mexicanos, fue aprobado en el 2012 por el Gobierno del presidente Barack Obama.