Desde hace meses, miles de centroamericanos esperan en la frontera México-EEUU aguardando el momento de poder ingresar a la Unión Americana con una visa de asilo. Los solicitantes no son narcotraficantes o criminales, sino madres solteras, padres de familia amenazados de muerte, adolescentes abusadas, niños sin acompañantes, jóvenes en edad escolar y profesionales hartos de ser víctimas del chantaje de las pandillas. 

Este es el caso del adolescente salvadoreño Joel Mencías (14), quien fue secuestrado por las pandillas y obligado a cobrar “cupos” tanto a comerciantes como transportistas. Aprovechando un descuido de sus captores, se escapó y desde hace cinco meses se encuentra a menos de una milla de la Ciudad de El Paso (Texas) esperando que las autoridades migratorias estadounidenses le aprueben su solicitud de asilo. Él no tiene la opción de regresar a su país. 

Otro drama es el que vive el abogado hondureño Manuel Veras, padre de cinco hijos pequeños, quien ha sido amenazado de muerte por negarse a defender a un grupo de narcotraficantes en el municipio de El Paraíso (departamento de Copán). El rapto de su hija Ana precipitó su salida del país y hoy se encuentra en Tijuana (México) junto a su familia a la espera de que se le conceda el asilo. El hombre de leyes tampoco tiene la opción de regresar al territorio hondureño.

Algo similar sucede con Dilcia Leonor Carbajal dueña de un pequeño negocio en la colonia El Pedregal (Tegucigalpa), cuna de la Pandilla 18 (la más violenta y peligrosa de Honduras), quien a punta de pistola fue obligada a ceder su propiedad a los testaferros del máximo jefe de la pandilla. 

Aterrorizada por lo sucedido, la empresaria y sus menores hijos se unieron a una caravana para poder salir del país sin ser detectados por los delincuentes. Ella es una madre de familia más que aguarda en Nogales-Sonora (México) que su solicitud de asilo sea aceptada por el servicio de inmigración de Estados Unidos. Regresar a Honduras pondría en riesgo su vida y la de su familia.  

La dentista hondureña Indira Guzmán tuvo que abandonar el país ante las amenazas de muerte de la Mara Salvatrucha. Los pandilleros querían que ella pagara la suma de 50 mil dólares para poder trabajar ‘sin problemas’ durante un año. Ante la indiferencia de las autoridades hondureñas, no tuvo más alternativa que solicitar asilo en Estados Unidos. Regresar a Honduras podría significarle la muerte.  



Laberinto procesal

Estos cuatro casos son llevados de manera simultánea por la abogada Yofys Díaz, experta en Washington en casos de asilo para centroamericanos, quien asegura que son una pequeña muestra del drama humano que se vive en la zona fronteriza. “La situación que viven estas familias es dramática. Escapan del ‘infierno’ con la esperanza de empezar una nueva vida en EEUU y terminan chocando con la indiferencia de las autoridades migratorias”. 

Agregó que brindar asistencia legal a los miles de centroamericanos que viven en refugios en México es muy complicado, pues con poco dinero y sin muchas opciones para conseguir la documentación requerida por las autoridades federales norteamericanas todo se hace muy difícil. 

Díaz dijo que las nuevas regulaciones dificultan el trabajo de los abogados, principalmente cuando se exige que los solicitantes de asilo únicamente pueden hacer sus peticiones si acceden por puntos de acceso autorizados por el Gobierno federal.

“Las nuevas disposiciones han provocado un ‘cuello de botella’ en la frontera, pues se ha pasado de presentar el formulario I-589 para solicitar asilo a exigir la presentación previa de antecedentes penales, historial de empleo, huellas digitales y al final una entrevista en persona antes de ingresar a territorio estadounidense. Los abogados nos preguntamos: ¿Cómo se puede exigir tanto a personas que abandonaron todo para salvar sus vidas?”, manifestó Díaz. 

La situación también es compleja, dijo la abogada, con los solicitantes de asilo que se encuentran detenidos en territorio estadounidense. Explicó que a la fecha las Cortes de inmigración tienen un retraso que supera los 800.000 casos y el tiempo promedio de espera para que se resuelva un caso es de 736 días. “Lo preocupante es que ahora se pretende restringir hasta la figura de ‘salir bajo fianza’, lo cual podría provocar detenciones indefinidas”. 

Agregó que las autoridades no quieren entender que el asilo es una figura legal que ofrece protección a personas que están fuera de su país y no quieren o temen regresar porque han sufrido persecución por temas religiosos, ideología política u otros.

“El exigir que los solicitantes demuestren con documentos que su ‘temor es creíble’ es una exageración, más aún si se tiene en cuenta que la mayoría salió huyendo para no ser detectados por los pandilleros”. 

CIFRAS

- En febrero más de 76 mil migrantes cruzaron irregularmente la frontera de Estados Unidos, el mayor registrado en los últimos 12 años.

- Más del 90 por ciento de los migrantes fueron de Guatemala (40.325 familias y 7.249 Menores no acompañados). 

- A la fecha se han registrado 31 mil derivaciones para atención médica.