Las organizaciones pro-inmigrantes siguen en su ofensiva legal para evitar que el próximo 15 de octubre entre en vigencia la norma que niega la obtención de la residencia permanente a los inmigrantes que hayan recibido beneficios públicos.

Esta semana CASA de Maryland, con el apoyo del Institute for Constitutional Advocacy and Protection de la Universidad de Georgetown (ICAP), presentaron una demanda contra el uso indebido del concepto de "carga pública" para el país.

La iniciativa legal desafía la nueva regla del Gobierno de Trump que permitiría a los funcionarios de inmigración negar de manera arbitraria y discriminatoria el estatus de residencia permanente a muchos inmigrantes. La sustentación de la demanda se basa en un “ánimo de afectar a los inmigrantes no blancos y de afectar desproporcionadamente a los inmigrantes de color”.

Amy Marshak, abogada principal del ICAP, dijo que los inmigrantes no pueden ser discriminados o relegados de un beneficio con el argumento de ser “carga pública” o por haber pedido en el pasado algún tipo de asistencia social.

“La nueva regla requiere que los funcionarios de inmigración evalúen ciertos factores como ‘positivos’ o ‘negativos’ antes de conceder una tarjeta de residencia permanente. Si se determina ‘la probabilidad’ de que una persona recibió por más de doce meses beneficios de alimentos, vivienda y atención médica, es seguro que se considere que es ‘carga pública’ y eso es simplemente discriminatorio”, dijo la abogada Marshak.

Agregó que de entrar en vigencia la nueva regla se expandiría el concepto de 'carga pública' a las personas que reciben o recibieron poco más de $1,500 dólares en cupones de alimentos o algunos beneficios en los últimos doce meses. 

En un encuentro con la prensa, realizado en la sede de la mencionada organización, Mónica Camacho y Ángel Aguiluz, en representación de los 100.000 miembros de CASA, interpusieron los recursos ante un juez federal en Maryland, cuya decisión puede tener impacto nacional.

George Escobar, director de Programas y Servicios de CASA, calificó la propuesta del Gobierno federal de “inaceptable”, pues únicamente se afectaría a las personas que ahora están recibiendo beneficios sociales temporales. 

“Aquí se pretende dañar el futuro de quienes tenga la posibilidad de modificar su visado o permiso (DACA y TPS) por una residencia permanente. Hablemos claro, esta norma está basada en la discriminación contra inmigrantes de bajos recursos y limitando su habilidad de ajustar su estatus migratorio”, puntualizó Escobar.

El pasado 27 de agosto, una coalición de cinco fiscales generales, liderada por el procurador de California, Xavier Becerra, pidió a un tribunal que detenga la aplicación de la regla de "carga pública", mientras se resuelve una demanda contra la norma.

Con esta acción legal, Becerra y los fiscales de Pensilvania, Oregón, Maine y el Distrito de Columbia, esperar detener la regla que a partir del 15 de octubre hace no aptos para obtener la residencia permanente a los inmigrantes que hayan recibido ciertos beneficios públicos.

El Gobierno del presidente Trump presentó el pasado 12 de agosto una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país.

Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros.

Con esta nueva norma, el Gobierno de Trump reducirá también la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las "green card" (permiso de residencia permanente) o de algunos visados.