La nueva regulación que busca restringir las visas para inmigrantes que reciben beneficios de vivienda, salud o alimentación y son considerados como "carga pública”, es un ataque directo al sistema migratorio de Estados Unidos y una amenaza a la unidad familiar, según la Red Católica Legal de Inmigración (CLINIC).

Hay una clara evidencia que esta regulación ya lastima y lastimará a familias y comunidades, señaló en un comunicado la directora de CLINIC, Anna Gallagher.

Las familias, sumidas en el miedo y la ansiedad, ya empezaron a dejar de solicitar asistencia que legalmente pueden utilizar para cubrir necesidades básicas como cuidado de salud, alimentación, apoyo en vivienda, según CLINIC.

La estrategia del gobierno de suprimir la inmigración (conectada a vínculos familiares) tienen significativas implicaciones a la seguridad y salud pública, dijo Gallagher.

"Por más de 50 años, nuestras leyes de inmigración le han dado prioridad a mantener la unidad familiar de los ciudadanos y residentes permanentes con su cónyuge, hijos y padres", agregó. Además de las serias consecuencias a nivel social, dijo que es una oposición directa a los principios de la enseñanza social católica.

La regulación requiere que los solicitantes demuestren que ellos podrán mantener un estilo de vida de clase media. Es decir, que ya han alcanzado el sueño americano antes de incluso obtener un pleno estatus de migración en Estados Unidos.

La regulación final del Departamento de Seguridad Nacional, publicada el 14 de agosto,  entrará en efecto 60 días después de su publicación.

CLINIC, una de las 260 mil organizaciones e individuos que sometieron comentarios públicos sobre la regulación antes de ser publicada, aboga por una política de migración justa y humana. 

La nueva norma podría afectar a más de la mitad de la población inmigrante en este país, según el Instituto de Política de Migración (MPI) que alertó, además, de las profundas repercusiones en la inmigración legal: “Afectará el uso de los beneficios públicos por parte de millones de residentes legales y ciudadanos que viven con ellos.

MPI calcula que una significativa parte de los casi 23 millones de ciudadanos y no-ciudadanos en familias migrantes que usan los beneficios se van a retirar de programas del gobierno tales como Medicaid, Temporary Assistance for Needy Families (TANF), Supplemental Security Income (SSI) y estampillas de comida.

La regulación formalmente solo afecta a quienes solicitan admisión a EEUU o a aquellos que están en el país y buscan ajustar/cambiar su estatus migratorio. Sin embargo, la incertidumbre y confusión ocasionadas probablemente conllevarán a un efecto mucho más grande, haciendo que muchos se retiren de los programas de beneficio público o no empiecen a utilizarlos, según MPI.

Los hispanos y asiáticos de las islas del Pacífico serán los más afectados, según el análisis. 

Se calcula que podrían retirarse de estos programas unos 10 millones de no ciudadanos y 12 millones de ciudadanos estadounidenses. Casi un 70 por ciento de ellos son niños.

La organización comunitaria Ayuda se opone fuertemente a esta nueva regulación de carga pública, argumentando que su aplicación irá en detrimento de las familias que ellos asisten en Washington. "Continuaremos apoyando a nuestros vecinos inmigrantes, independientemente del ingreso, brindándoles como siempre representación legal de calidad y servicios integrales de acceso social y al idioma".

La política de "carga pública" es otro ataque a las familias inmigrantes trabajadoras y está basada en la misma retórica racista y discriminatoria que solemos escuchar a nivel nacional, señaló en un comunicado Óscar Chacón, director de Alianza Americas.

Agregó que esa medida es un catigo que discrimina agresivamente a los extranjeros de bajos ingresos. “Más bien el gobierno debe preocuparse en cerrar la brecha entre pobres y ricos, en vez de atacar a la gente trabajadora que paga impuestos y aporta riqueza cultural y diversidad a este país”, anotó.